Guanajuato, Gto. – La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó mesas de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma; la primera, a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, con la finalidad de integrar a la Secretaría de Salud al Sistema Estatal de Búsqueda de Personas; y la segunda, para modificar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios con el objeto de ampliar y proteger los derechos de las madres y de los padres que han sufrido una muerte fetal y perinatal.
Integración de la Secretaría de Salud
Al hacer uso de la voz, Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco, representante de la Coordinación General Jurídica, expresó que al integrar a la Secretaría de Salud al Sistema Estatal de Búsqueda de Personas se podrían fortalecer las acciones para la atención y seguimiento de la salud física y mental de las personas involucradas en el proceso de búsqueda.
En su intervención, Aurora Saori Sugita Verver y Vargas, integrante de la Secretaría de Salud, comentó que las modificaciones fortalecerían la colaboración por parte de la secretaría que representa y se tendría un mayor acercamiento con todas aquellas personas que buscan a algún familiar para atender aspectos físicos y de salud mental.
Moisés Martínez Rodríguez, del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, señaló estar de acuerdo con la propuesta, pero se tendrían que revisar aspectos que no contribuyen a un lenguaje incluyente, donde se señale el termino persona titular cuando se refiera a quien tenga el cargo máximo de la Secretaría de Salud de Guanajuato.
Héctor Alonso Díaz Ezquerra, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, precisó que el incorporar a la Secretaría de Salud resulta indispensable debido a que esa instancia es un actor estratégico en las labores de búsqueda, implementación de la política pública y participación en estrategias de búsqueda, además de que se demuestra el interés que tiene el Estado en encontrar a personas desaparecidas.
Luis Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, coincidió en que la inclusión de la Secretaría de Salud al Sistema Estatal de Búsqueda de Personas fortalecerá la atención y seguimiento preferente de la salud de los familiares, grupos independientes de búsqueda y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.
Finalmente, la diputada Ana Teresa Camarena Gómez externó que las opiniones y comentarios vertidos en la mesa de trabajo constatan la viabilidad de la propuesta, además de agradecer la participación de las diferentes instituciones del estado por su intervención de manera puntual.
Muerte fetal y perinatal
Al hacer uso de la voz, Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco, representante de la Coordinación General Jurídica, indicó que la iniciativa contemplada a nivel federal que guarda relación con la propuesta en análisis aún no ha concluido sus trabajos, por lo que se estimó pertinente esperar la dictaminación de la Ley General y después llevar a cabo una armonización adecuada.
Por su parte, Noemí Flores Mendiola, integrante de la Secretaría de Salud de Guanajuato, comentó que en Guanajuato en las unidades médicas de la secretaría se tiene una guía multidisciplinaria que ya se encuentra en funciones, en el que se incluye una capacitación al personal de salud en cómo atender a las personas dolientes.
En su intervención, Luis Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, reconoció la intención de fortalecer la protección de derechos que garanticen un trato digno, empático y humanizado hacia las familias que han sufrido el fallecimiento de una hija o hijo, pero se sugirió tomar en cuenta las consideraciones realizadas en el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.
Jorge Luis García Gómez, de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, señaló que los términos en los que está planteada la iniciativa resultan ambiguos e incluso contradictorios con disposiciones de la a Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, además de que la propuesta de otorgar un determinado número de días de descanso cuando se actualiza el supuesto de mérito puede generar un trato inequitativo para otras madres que sufren la pérdida de una hija o un hijo, en circunstancias diversas.
Israel Barrón Durán e Isaías Arévalo Rangel, representantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, consideraron conveniente la presente iniciativa por ser un paso importante en la protección de los derechos humanos de las madres y los padres que han sufrido una muerte fetal y perinatal.
Isis Nevai Albarrán García, integrante del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, sugirió que en la redacción de los artículos propuestos se utilice el término persona gestante o personas gestantes en lugar de mujeres embarazadas, puesto que no todas las personas gestantes se identifican como mujeres.
Carolina Gasca Arriaga, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dijo que los alcances de la propuesta se consideran adecuados al contribuir con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio; y de la persona recién nacida y NOM-046-SSA2-2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en el apartado de criterios para la prevención y atención.
Belén del Rocío Espinoza Aguirre, titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado de Guanajuato, externó que no se requiere establecer algún presupuesto adicional dado que se trata de personal activo en el servicio público y que solo provocará un costo en aquellos casos que se presente la licencia y por tratarse de actividades de primer contacto que necesitan suplirse temporalmente.
También indicó, respecto al tema de salud, que se considera se cuenta con el personal y la infraestructura para asumir de forma específica protocolos especiales para estos casos, incluido en esto un certificado local, de muerte fetal o perinatal adicional al formato federal, por lo que no se tendría un impacto presupuestal de forma inmediata, sino por aquellas acciones que se puedan plantear como parte de nuevas estrategias de atención sobre el tema.
Al hacer uso de la voz, la diputada María Abigail Ortiz Hernández señaló que los términos de la iniciativa resultan ambiguos y contradictorios, por lo que de aprobarse la propuesta se podrían generar antinomias al ordenamiento jurídico vigente, junto a que solo se limita al sistema burocrático estatal sin que se prevea un mecanismo integral para todas las familias.
En su intervención, el legislador Cuauhtémoc Becerra González dijo que la propuesta no presenta contradicciones en el tema presupuestal, por lo que la iniciativa deberá de hacerse un ajuste que se complemente con los trabajos que se están haciendo a nivel federal para que Guanajuato siga siendo un estado vanguardia en materia de protección de los derechos humanos.
La congresista Ana Teresa Camarena Gómez concluyó que los comentarios que más se resaltan se relacionan más con la inviabilidad por no exponerse en la exposición de motivos no se presenta una argumentación o datos que permitan constatar la necesidad de la propuesta, se tienen disposiciones contradictorias en la redacción lo que podría generar antinomias y la falta de un mecanismo estatal de protección para todas las familias. La diputada destacó que por la importancia de la iniciativa se seguirá trabajando en el tema.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Ana Teresa Camarena Gómez, María Abigail Ortiz Hernández y Aurora Gómez Ramírez; así como los diputados Héctor Ortiz Torres y Cuauhtémoc Becerra González.
Todos ellos en compañía de representantes de la Coordinación General Jurídica del Estado; la Secretaría de Salud de Guanajuato; el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses; la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; la Fiscalía General del Estado de Guanajuato; el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato; el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; asesores de grupos parlamentarios y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
