La Fiscalía General de la República (FGR) decidió no apelar la decisión del juez federal
Gregorio Salazar Hernández de no conceder las 31 órdenes de aprehensión que había
solicitado en contra de académicos denunciados por el Conacyt,
Sin embargo, mantiene abierta la indagatoria en su contra y podría proceder de nuevo en
cualquier momento.
El pasado 27 de septiembre se venció el plazo de tres días hábiles con el que contaba la
FGR para presentar la apelación sin que ello ocurriera. Esto significa que la decisión del
juez de no conceder las órdenes solicitadas en esta ocasión queda firme y es definitiva.
Autoridades de la FGR confirmaron a Animal Político que se optó por no presentar la
apelación, pero aclararon que eso no significa que el caso esté cerrado. Por el contrario,
continuará en integración la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en
Delincuencia Organizada (FEDO) para, en su momento, volver a pedir órdenes de arresto.
La apelación, que la Fiscalía decidió no presentar, hubiera enviado el caso sin ningún
cambio a manos de un magistrado federal para que éste lo revisara y decidiera si
ratificaba la negativa de conceder las órdenes de arresto del juez Salazar Hernández, o si
lo modificaba y las otorgaba.
Sin embargo, ante las críticas hechas por el juez el cual encontró problemas tanto de
fondo como de forma en el resumen de la acusación presentada por los fiscales, la
Fiscalía optó por revisar el expediente y continuar perfeccionándolo para, a la postre,
hacer otro intento.
Autoridades judiciales explicaron que no existe ningún plazo límite para que el Ministerio
Público resuelva si cierra o no el caso, pues es su facultad constitucional ejercer la acción
penal cuando así lo considere. No obstante, cualquier solicitud que se presente
nuevamente ante este mismo juez u otro será revisada tal como ya ocurrió en los
primeros intentos.
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